La Educación, ¿ingobernable?

Hablar de Educación en septiembre (y olvidarnos de ella en octubre) es todo un clásico. 

Normalmente, los medios se refieren estos días a problemas organizativos relacionados con el comienzo de curso, pero si alguien mirara un poco más allá, tal vez podría hacerse la siguiente pregunta:

En nuestro país, ¿se ha vuelto la Educación un asunto ingobernable? En los cuarenta años de democracia, los políticos no han sido capaces de firmar un Pacto de Estado por la Educación y las sucesivas leyes de Educación han tenido una vida media de cinco años, lo que significa que algunas de ellas no han llegado a implantarse totalmente.

Las Comunidades Autónomas han absorbido casi todas las competencias educativas, con consecuencias tan aberrantes como que en ocasiones se llegue a hablar de diecisiete formas de enseñar Geografía e Historia.

Una planificación educativa afecta hoy a casi diez millones de alumnos, a millones de padres, a casi un millón de profesores, y requiere administrar un gasto superior a los 55.000 millones de euros (casi el 5% del PIB). Todo eso sin contar con los miles de trabajadores del Personal de Administración y Servicios (PAS), del Transporte escolar, los que trabajan en construcciones escolares...

En una empresa de este tamaño, la cantidad y variedad de problemas es enorme y va creciendo curso tras curso. Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales: Los profes son unánimes al quejarse del elevado número de alumnos por aula y a favor de la jornada intensiva. Muchos padres piden la jornada partida y el comedor escolar. Los alumnos, y muchos padres, se quejan de los deberes. Los expertos no quieren repetidores ni clases particulares...

Los orientadores se sienten desbordados ante el aumento exponencial de problemas psicológicos e intentos de suicidio derivados de la pandemia. La mayoría de los centros prohíbe el uso del móvil, pero está claro que en ciertas clases es necesario. La sociedad pretende que la escuela prepare a sus hijos para que encuentren empleo al terminar sus estudios, algo que no depende exclusivamente de la escuela y que nadie puede certificar.

Este curso se pone en marcha la LOMLOE en los cursos impares de Primaria, Secundaria y Bachillerato, pero los alumnos de los cursos pares seguirán el currículum y la forma de evaluación de la LOMCE. Algunas Comunidades Autónomas todavía no está preparadas para estos cambios. Al final, como en la pandemia, casi todo dependerá del esfuerzo de los profesores, un colectivo muy quemado sobre todo desde 2008: la sociedad no aprecia su trabajo.

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Beevor y la Guerra Civil Española

 Somos muchos los que soñamos con el verano, Con el descanso, con los viajes, con el mar, con la montaña, con el regreso al pueblo o a la ciudad... Pero el verano  nos trae también ecos, cada vez más lejanos, de la Guerra Civil Española: Del golpe militar contra la II República aquel 18 de julio de 1936;  del asesinato de García Lorca; de aquel 24 de agosto de 1944 en el que "La 9" liberó París; o el goteo diario de noticias sobre exhumación de fosas...

Tenemos una deuda pendiente con la Guerra Civil Española (GCE). Cada uno puede saldarla como mejor le parezca. Yo la saldo procurando acercarme cada vez más a la verdad, ampliando todo lo posible mis lecturas sobre los trágicos  acontecimientos de esos años, buena parte de los cuales me llegaron deformados en la escuela, mientras las familias guardaban silencio

Este verano he leído La Guerra Civil Española, de Antony Beevor (Ed. Crítica, 2005) que cierta revista especializada presenta así: "Es la primera Historia General de la GCE que se publica en 40 años y está destinada a reemplazar a las viejas síntesis de H. Thomas y G. Jackson, desfasadas..."

No lo tengo tan claro. El libro de Beevor presenta una serie de ventajas para el lector y algunos inconvenientes para el especialista.

La ventaja para el lector es que un libro de 900 páginas puede ser devorado en, digamos, unos 15 días: Los 39 capítulos tienen una extensión media de 15 páginas y Beevor tiene la capacidad de enganchar con una narración atractiva -en eso me recuerda la lectura de Los europeos, de Orlando Figes- de unos hechos complejos, en particular el desarrollo de batallas como El Jarama, Guadalajara o Teruel.

El especialista puede encontrar algunos inconvenientes: Es, en palabras de Ángel Viñas, un "libro de libros", es decir, Beevor se ha leído todo lo que han escrito otros historiadores -la mayoría españoles- y no añade casi nada nuevo. Dice que ha utilizado los archivos de Alemania y de Europa del Este para iluminar ciertos episodios de la guerra, pero la verdad es que no cita ni un solo archivo (público o privado) español.

Además, el lector que se ha acercado a otros libros de la GCE puede comprobar que la descripción de los principales problemas de España a principios del siglo XX (el problema agrario, el militar, la Iglesia, el analfabetismo...) es correcta, pero de la economía y de la situación internacional  se dan solo unas pinceladas, disueltas además en diferentes capítulos. 

Para no alargar esta entrada, diré que me resulta chocante  que Beevor afirme que "La Guerra Civil Española es uno de los pocos conflictos modernos cuya historia la han escrito con mayor eficacia los perdedores que los vencedores". Durante los 40 años de la Dictadura, no se pudo escribir más que la historia de los vencedores. De los 40 años de Democracia, más de la mitad han estado dominados por un pacto de silencio y solo en la segunda mitad comienza a hablarse de Memoria Histórica, un concepto que provoca un sarpullido a toda la derecha...

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Nadar entre tiburones

 Después de leer ¿Por qué dejas que te roben?, de Rubén Sánchez, uno tiene la sensación de que el consumidor medio español es como un nadador en una piscina de tiburones.

Estos tiburones serían las empresas que, además de cobrarnos de forma legal por lo que firmamos en nuestros contratos (de luz, de gas, de telefonía...), a veces pretenden darnos una dentellada inventándose mil argucias.

Empresas con nombre propio como Endesa, Naturgy, Vodafone o Movistar, porque lo que Rubén cuenta en este libro son docenas de casos reales de personas que han acudido a FACUA (Federación de usuarios y consumidores) para defender sus derechos y reclamar cobros indebidos que van desde los 9 € que Caixabank pretendía cargar a David, hasta hasta los 118.000 € que el banco de Santander reclamaba a Edurne (p.113).

Claro que estas dentelladas al españolito serían menores si no concurrieran ciertas circunstancias:

1. En nuestro país no existe un cultura de la reclamación. No reclamamos por muy diversos motivos: Compramos de forma compulsiva, no leemos los contratos, pocos se percatan de una irregularidad y, si son cantidades "pequeñas", no reclamamos. Y somos miedosos: hay un temor atávico a que nos corten la luz o a aparecer en un registro de morosos.

2. Los grandes medios de comunicación tienen cosas más importantes que dar voz a estos abusos y, en muchas ocasiones, guardan silencio o tratan estos asuntos de pasada. El País, por ejemplo, no sale muy bien parado (p.141). El temor a que las grandes empresas (que en ocasiones forman parte del Consejo de Administración de los medios) les retiren la financiación y/o la publicidad, pesa. Afortunadamente, algunos nuevos medios digitales como Economía Digital (p.161), eldiario.es, infolibre o diario16 están denunciado muchos casos.

3. La complicidad de partidos políticos y gobiernos con las grandes empresas. No es una novedad. Todo el mundo lo sabe. Los periódicos hablan con frecuencia de las "puertas giratorias", denunciadas también por Joaquim Bosch y de las que hablamos en la anterior entrada. Rubén Sánchez les pone nombre y apellidos: desde Felipe González a Aznar, pasando por Leopoldo Calvo-Sotelo: tres presidentes españoles que han ocupado un sillón en los consejos de administración de Naturgy, Endesa o Unión Fenosa. En cuanto a exministros...

4. La legislación tampoco ayuda mucho. La Ley General para la Defensa de los Consumidores es de 1984, hace casi cuarenta años. Es cierto que se remozó en 2007 para adaptarla a las directivas europeas, pero más cierto es, como dice Rubén Sánchez, que hoy "cuando estamos a punto de poner fin a un fraude, sus departamentos (de ciertas empresas) de innovación en fraude ya tiene listos cinco más" (p.204).

5. Naturalmente, si no hay una voluntad política y una legislación adecuada para  acabar con las cláusulas abusivas que encierran ciertos contratos, el sistema judicial se encuentra, pongámonos en el mejor de los casos, atado de pies y manos para defender a los consumidores y, en ocasiones (como en el caso de la "cláusula suelo"), ha habido que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  que, dicho sea de paso, en esa ocasión le dio un buen tirón de orejas a nuestro Tribunal Supremo.

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Otra pregunta (europea) del millón

    No todas las preguntas tienen fácil respuesta. Algunas parecen irresolubles hoy, pero con el paso del tiempo vamos obteniendo respuestas parciales, pistas que nos ayudarán a completar el puzle. 

Dos publicaciones recientes vienen a responder a la pregunta (europea) del millón:¿por qué no tenemos hoy, 65 años después de la fundación de la Comunidad Económica Europea, una opinión pública europea (OPE)? 

Juan Luís Cebrián, director de El País hasta 1988, en su artículo "Un europeísta del nuevo renacimiento", escrito con motivo del fallecimiento de Eugenio Scalfari, recuerda que los editores, ya en los años 80, eran conscientes de que no es posible una Europa Unida sin una opinión pública europea y repasa las dificultades para crear un grupo periodístico europeo:

    Eugenio Scalfari, fundador del diario italiano La Repubblica y "europeista genuino" (J.L. Cebrián  dixit)

"El periodismo moderno, tal como lo habíamos conocido, debía al nacionalismo tanto como este a los diarios que lo apadrinaron". Es decir, nacionalismo y periodismo se retroalimentan creando un bucle del que es difícil (por no decir imposible) salir. Los periódicos (y las televisiones) nacionales pueden dar noticias sobre Europa, pero contribuyen a duras penas a una OPE.

María Ramírez, subdirectora de eldiario.es, acaba de publicar El Periódico, un libro donde repasa 25 años de periodismo en Internet. Ramírez fue Corresponsal de El Mundo en Bruselas (2005-2011) y reconoce:

A los 28 años "mi conocimiento de la UE se limitaba a unas pocas clases de política internacional, sobre tratados y generalidades que sin duda habían quedado anticuadas. Varias personas a las que ofrecieron ese puesto de corresponsal en Bruselas habían dicho que no, pero yo lo acepté sin pedir ni unos minutos para pensarlo" (p.104).

Y más adelante, "Como novata en Bruselas no controlaba los detalles de aquella negociación" (se refiere al Consejo Europeo en el que se aprobaron los presupuestos europeos de 2005-2012). En las páginas siguientes, Ramírez ofrece respuestas a esa bisoñez: "Bruselas requería paciencia, lectura, especialización y trabajo constante...".

Algunos medios han aprendido esta lección, sobre todo a raíz de la crisis del euro y de la pandemia. Pero un proyecto periodístico europeo parece hoy más lejano... pero más necesario!

Sobre La patria en la cartera

 "La corrupción no forma parte de nuestro ADN", es la primera preocupación de Jaoquim Bosch a la hora de desmontar, en su libro La patria en la cartera, los mitos sobre la corrupción en España. Es cierto que en nuestro país la corrupción tiene una larga tradición.

Tan larga -Bosch se remonta al siglo XIV- y tan profunda en los siglos XIX y XX, que ha llevado a algunos a pensar que la corrupción en este país no tiene remedio porque forma parte del carácter español ( y para eso citan en vano al Lazarillo, El Buscón o Rinconete).

Bosch se rebela contra esta corriente de opinión y trata de establecer unas causas históricas, deteniéndose especialmente en la Dictadura de Franco (1939-1975) y desde la Transición Democrática (1975-1982) hasta nuestros días. 

Durante la Dictadura de Franco no es que hubiera corrupción en España, es que "el franquismo institucionalizó por completo la corrupción" (p.43). Y pasa revista a los distintos estamentos sociales:

Políticos, empezando por la fortuna acumulada por Franco, que "conocía los negocios de los grandes estraperlistas y miraba hacia otro lado" (p.89); los militares, "retratados" en la Operación Sobornos de Churchill; empresarios como Juan March, Diego Barrié de la Maza, Oriol y Urquijo, Julio Muñoz Ramonet, Julián Coca, José Banús o Félix Huarte; los parientes del dictador, el mercado negro, escándalos como Sofico o Matesa:

" las corruptelas de los altos cargos de la dictadura se extendieron a gobernadores civiles y alcaldes...generó un clientelismo de Estado y de partido único donde decenas de miles de puestos de la Administración se adjudicaban a los leales al régimen" (p.60)

El problema de la corrupción durante la Transición puede analizarse en profundidad o resumirse brevemente: "Batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la Transición" (p.111). Y es que el país estaba en otras cosas: durante esos años, hubo más de 700 muertes por causas políticas de distinto signo (ETA, Extrema Derecha, Policía...), intentos de golpes de Estado, conflictividad social y  crisis económica.

Solo a finales de los años 80 "empezó el fuego cruzado entre los partidos por los escándalos de corrupción"(p.131) con casos como Luis Roldán, Juan Guerra, Mariano Rubio, Fondos reservados, Filesa, Naseiro...y así hasta nuestros días.

La conclusión es que, después de más de cuarenta años de democracia, los políticos no se han tomado en serio la corrupción, a pesar de que es una de las principales preocupaciones de los españoles y de su gigantesca dimensión económica: 47.500 millones de euros anuales en sobrecostes, según la CNMV (p.19).

 Pero Joaquim Bosh no se limita en este ensayo a enumerar una retahíla de casos de corrupción. También aporta soluciones. Unas soluciones complejas, que pasan por una reforma de los partidos políticos y del sistema electoral, una separación clara del poder político y judicial, dotando a éste de mayores recursos, medidas de prevención, acabar con las puertas giratorias, los aforamientos, el clientelismo y el despilfarro.

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Digital News Report 2022

 ¿Se están alejando los jóvenes de la lectura de la prensa (impresa o digital) o son los periódicos los que se han alejado de los jóvenes?

Algunos datos del Informe Digital News Report 2022 (para el que se entrevistaron a más de 90.000 personas de casi 50 países) son preocupantes. Por ejemplo: el 39% de la población comprendida entre los 18 y 24 años utilizan las redes sociales para informarse.

Los jóvenes consideran que los medios tradicionales son poco fiables, no son imparciales y están al servicio de intereses políticos, por lo que cada vez tienen menos confianza en los medios.

Por su parte, los medios tradicionales atacan a  las redes sociales porque difunden noticias falsas que pueden ser no solo un factor de inestabilidad de los gobiernos sino un peligro para la democracia.

La verdad es que cada uno lleva su parte de razón. El domingo pasado, Enric González escribía en El País: "Las empresas (periodísticas) se dedican a ganar dinero (o a perder lo menos posible), a satisfacer los objetivos políticos y comerciales de sus principales accionistas..."

Los jóvenes perciben que las empresas periodísticas no pueden servir a dos señores. No pueden denunciar los abusos y corruptelas de los poderes económicos y políticos y, al mismo tiempo, satisfacer sus objetivos políticos y comerciales.

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Antes del 19-J

 El domingo, 19 de junio, Andalucía celebra unas elecciones de las que, si no se produce un terremoto político, saldrá reelegido Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta de Andalucía. La cuestión es si podrá conseguir los votos suficientes para gobernar en solitario (con mayoría absoluta o en minoría) o en coalición ( con Cs o con VOX).

Dado que casi todas las encuestas apuntan en esta dirección, me gustaría comentar algunos aspectos que quizás han quedado en segundo plano:

1. Improvisación: Se han presentado candidaturas last minute no solo en el caso de partidos ya rodados como los que integran la coalición de izquierdas Por Andalucía (Podemos, IU, etc), también los nuevos como Jaén Merece Más (JM+), Juntos por Granada o Por Huelva.

                              Imagen del primer debate, realizado por RTVE

2. La presencia de estos pequeños partidos uniprovinciales en el panorama político andaluz, es una novedad digna de destacar: tal vez no consigan representación parlamentaria (las encuestas sólo dan esa posibilidad a JM+), pero servirán para denunciar el abandono que sufren estas provincias frente al discurso triunfalista del PP.

3. La campaña muestra un retroceso en lo que se refiere a ciertos "usos democráticos". Por ejemplo, a las primarias: El PSOE las celebró en junio de 2021; Cs, las realizó en diciembre "de aquella manera"; pero, ¿tenéis noticia de las primarias del PP? En Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha sido la única aspirante. El nombramiento de Inma Nieto ha sido fruto de una agria negociación entre los diferentes partidos que integran Por Andalucía. El de Macarena Olona (Vox) ha sido sencillamente un "dedazo" (de Abascal).

4. Continuismo: El PP llegó al gobierno andaluz en 2018 con la promesa de ser "El gobierno del cambio". Cuatro años después, ¿qué ha cambiado o está cambiando en Andalucía? Aparte de una cierta simplificación de trabas administrativas y una polémica bajada de impuestos, los analistas ven pocos cambios con la etapa anterior.

5. Andalucía ha perdido el miedo a la derecha: El PSOE se equivoca en su estrategia de movilizar el voto con ese "que viene la extrema derecha". En 2018 Vox consiguió entrar en el Parlamento andaluz con 395.000 votos. En las elecciones generales de 2019, 900.000 andaluces (20% de los votos) votaron a Abascal. El asunto es bastante más complejo.

                                    El segundo debate fue realizado por Canal Sur

6. Triunfalismo: El PP nos quiere vender que, con Juanma Moreno, Andalucía se ha convertido en el "motor económico de España". Tal vez sea cierto para algunos que han prosperado. Pero en 2021, 2.200.000 de andaluces (el 26% de la población) estaba en situación de exclusión social.

7. Fondos europeos: La realidad andaluza, que no aparece en los debates ni en las informaciones sobre la campaña electoral, es que somos una Comunidad Autónoma subsidiada: Entre 2021 y 2027, Andalucía recibirá 55.000 millones de euros de los fondos europeos para la agricultura (PAC), la pesca (FEMP) o la recuperación de la pandemia (Next Generation EU). A pesar de esas ingentes cantidades, la brecha social es cada vez más amplia.

8. Andalucía, laboratorio político: Las elecciones andaluzas abren un ciclo de elecciones -municipales, autonómicas y Generales- que culminará en otoño de 2023. Los políticos en Madrid están muy atentos a lo que aquí se cuece y dispuestos a intervenir para favorecer sus intereses: si aquí el PP pacta con Vox, puede dañar la imagen de Feijóo en su carrera hacia la Moncloa. Otros estarán pendientes de los resultados de Por Andalucía para apoyar o torpedear el proyecto de Yolanda Díaz. Ciudadanos achaca sus problemas a la situación en Madrid de Cs. Y Macarena Olona hará lo que no está escrito para aupar a Abascal.

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