El pasado día 11 se anunciaba que "Los interinos que lleven cinco años en su plaza podrán ser fijos opositar". La noticia ha levantado una polvareda en redes sociales.
Uno, que ha sido cocinero antes que fraile, se siente incómodo a la hora de evaluar esta decisión del Gobierno. Naturalmente, la hubiera abrazado con júbilo si se hubiera tomado durante alguno de los cinco penosos años que pasé como interino, con sus correspondientes traslados, con amenazas de quedarte en la calle y, en alguna ocasión, hasta seis meses sin cobrar, con unas Navidades por medio que mi mujer y yo pasamos preparando unas oposiciones que luego no fueron convocadas.
Pero, por otra parte, de las oposiciones tal vez pueda decirse algo parecido a lo que decimos de la democracia, que es el "sistema menos malo" de acceso a la función pública.
En España, según la fuente estadística que se maneje, hay entre 600.000 y 1.100.000 interinos, la mayoría en Sanidad y Educación, y sus condiciones laborales se han precarizado en los últimos años con contratos más cortos y en distintas provincias de su Comunidad Autónoma y, en muchas ocasiones, sin cobrar de julio a septiembre. Todo eso sin contar los servicios prestados durante la pandemia, que ahora las distintas administraciones "recompensan" con despidos masivos.
La Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno español sobre el excesivo número de interinos (entre el 23 y el 31% de los trabajadores públicos en España) e insta a reducir su número hasta un 8% en 2024...si quiere recibir los fondos europeos.
La pregunta es: ¿Suprimir la oposición para este colectivo es una medida en la buena dirección o se trata de un atajo del Gobierno para seguir recibiendo el maná europeo?
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